LOS SAQUEOS DE LA ÉLITE
El
Octavo Juzgado de Garantía de Santiago aprobó esta semana la
suspensión condicional del procedimiento en el caso de boletas
ideológicamente falsas por 378 millones de pesos emitidas por el
exministro Laurence Golborne a Penta, para financiar su campaña
política del año 2013. Esto implica, luego de cinco años de
investigación, la suspensión del juicio en su contra, su
sobreseimiento definitivo, si no comete otro delito dentro de un año,
y el pago de 11.400.000 de pesos.
Esta
resolución demuestra la profunda desigualdad de trato dentro del
sistema de justicia criminal. Al tiempo que el Ejecutivo concentra
sus fuerzas en proponer proyectos de ley antiencapuchados y
antisaqueos para sancionar más severamente los desórdenes públicos,
los delitos de la élite empresarial y política siguen quedando
impunes.
Esta
prioridad del Gobierno no solo pone de manifiesto su falta de
comprensión de lo que hay detrás de estas movilizaciones. También
desconoce que la violencia es en gran medida una reacción a años de
saqueos, abusos y privilegios por parte de la élite. El caso del
exministro Golborne es solo otro ejemplo de estas prácticas
ilegales.
En
efecto, la Premio Nacional de Periodismo, María Olivia Monckeberg,
ha demostrado cómo a finales de la dictadura las élites “saquearon”
las grandes empresas del Estado chileno, comprándolas a precios muy
por debajo del valor de mercado. Considerando las cifras estimadas
por el Núcleo de Investigación en Marginalidad Urbana UC, estos
procesos y otros tuvieron un costo de 23.338 millones de dólares
actuales. Esto, sin tomar en cuenta otras formas de saqueo, como las
grandes colusiones de la historia de nuestro país.
De
acuerdo a cifras estimadas por el mismo Núcleo de Investigación,
entre la colusión de pollos (1996-2011), la colusión de papel
higiénico (2000-2011) y la de farmacias (2007-2008), suman $1.687
millones de dólares actuales.
Otro
tanto es posible decir respecto de las empresas que evaden impuestos
“encapuchadas” detrás de falsas compañías y pérdidas. Ejemplo
de ello es el uso extensivo de empresas “zombies” y paraísos
fiscales. De acuerdo a cifras del SII (NIMU, 2019), solo considerando
el período 1996-2004, las empresas zombies de los grandes grupos
económicos de nuestro país evadieron un monto de 1.453 millones de
dólares.
A
pesar de que las consecuencias económicas y sociales de estos actos
ilegales son incomensurables y exceden por mucho lo que hemos visto
en estos días, rara vez son perseguidos penalmente y menos
castigados con cárcel. Así, la suspensión del procedimiento contra
el exministro Golborne no hace sino profundizar esa extendida
percepción de desigualdad de trato en Chile: ley antiencapuchados y
saqueos para los más desaventajados, mientras empresarios que
financian ilegalmente la política, saquean y se ocultan detrás de
falsas empresas y pérdidas, reclaman indignantes utilidades que solo
sobre la base de estas prácticas en Chile es posible lograr.
Esto
parece revivir aquel título del famoso libro de Jeffrey Reiman:
The rich get richer and the poor get prison
(Los
ricos se hacen ricos y los pobres van a la cárcel).
Pablo
Carvacho T. y Amalia Valdés R. son miembros del Centro
Justicia y Sociedad de la Universidad Católica de Chile.