Publicamos el Informe emitido por la Corte Suprema de Chile (14 de septiembre de 2015), sobre nuevo proyecto de
ley gubernamental que modifica normas penales y procesal-penales.
Requerimiento de graves alcances, el proyecto
oficialista acentúa el quiebre axiológico de una legalidad penal y procesal ya
vulnerada en sus principios, disfrazando –bajo la apariencia de interés “ciudadano”- la tutela de intereses de
grupos económicos, especialmente de la banca.
Particularmente interesante resulta la posición –adicional-
suscrita por los ministros Juica, Kunsemüller, Brito, Cerda, y el suplente, sr.
Miranda (págs. 5 y ss.).
El mismo Informe devela (en su pág. 8, nota 6), que
en los tres últimos lustros se han dictado tres leyes que restringen facultades
de los tribunales chilenos: 19.789 (2002), 19.942 (2004), y 20.253 (2008).
El
Informe de la Corte chilena posee sólo un voto en contra: el de la ministra Rosa
Egnem, quien se manifiesta favorable al proyecto Bachelet “en todas sus partes”; ministra cuya historia funcionaria en
dictadura -según se ha evidenciado- lesionó gravemente el Derecho.
