(por Paulina Toro, 28 febrero de 2020).
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En la imagen, Roberto Angelini, Salvador Said, Luis Enrique Yarur y Álvaro Saieh.
En marzo
de 2017, tras dos años de fricciones, presiones y tensiones entre el
mundo político y empresarial, a raíz de las investigaciones penales
que llevaba adelante el Ministerio Público por el financiamiento
ilegal de la política y su impacto mediático, el Servicio de
Impuestos Internos (SII) reconoció que había optado por tomar un
camino distinto a la vía penal sobre algunas empresas y personas
indagadas. El mecanismo consistía en que la persecución de los
ilícitos cometidos por todas aquellas sociedades que, en el año
2015, habían acudido al llamado a autodenunciarse por los mismos
hechos que se perseguía a las empresas Penta y SQM, accederían a
solo ser multados ante los tribunales tributarios, eludiendo así la
justicia penal.
Con este
giro de timón, los fiscales a cargo de las causas se enfrentaron a
la imposibilidad de seguir avanzando y muchas empresas que habían
financiado por años la política, a través de esta manera ilegal,
pudieron salir de la mirada pública. El más favorecido con esta
estrategia fue el grupo Angelini –presidido por Roberto Angelini–,
el holding empresarial que más dinero destinó al financiamiento
irregular de campañas electorales después de SQM. Esta acción fue
el paso decisivo para cimentar lo que más tarde se conoció como la
"Operación Impunidad".
La ruta,
implementada en su origen por el exdirector del SII, Ricardo Escobar
–abogado, militante de Evópoli y sobrino de Ricardo Lagos
Escobar–, sirvió de base para que oficialismo, oposición,
diversos abogados y mismos imputados por delitos tributarios a través
de financiamiento ilegal de la política, implementaran líneas de
defensas judiciales que, posteriormente, fueron refrendadas por
jueces de los distintos tribunales en los que se ventilaron estos
casos. Así fue que conglomerados empresariales como los grupos Said,
Yarur y Saieh, se sometieron a tribunales tributarios y aduaneros,
cuyas sentencias en multas, de montos diversos, clausuraron toda
posibilidad de esclarecer los verdaderos alcances del matrimonio
ilegítimo entre dinero y política.
Transcurridos
tres años desde la puesta en marcha de esta estrategia del SII, El
Mostrador recopiló las sentencias disponibles y sintetizó
algunos pasajes desconocidos del final del escándalo de las platas
políticas. Según el registro revisado, estas "salidas"
jurídico-administrativas generaron multas a empresas –de las que
el fisco se benefició– por un total de $3.087.142.856.
Al menos
23 contribuyentes –19 empresas y 4 personas naturales– tuvieron
la opción de extinguir una persecución penal en su contra y acceder
a un juicio administrativo ante algún Tribunal Tributario.
Angelini y Said y Yarur
Cinco
de las empresas con sentencias tributarias pertenecen al Grupo
Angelini: Compañía de Petróleos Copec S.A., Inversiones Siemel
S.A., Forestal Arauco, Celulosa Arauco Constitución S.A., Empresas
Copec y Abastible, las que en total pagaron $2,2 mil millones por
concepto de multas. Otras dos son del Grupo Said: Inversiones Caburga
e Inversiones Newport S.A., que pagaron casi $500 millones por el
mismo concepto.
También
están el Banco de Crédito e Inversiones, controlado por la familia
Yarur, encabezada por Luis Enrique Yarur, que pagó $141 millones en
multas; y Cencosud Retail S.A., liderado por Horst Paulmann y que fue
multado con $27 millones. Asimismo, la constructora brasileña OAS
S.A. –investigada por delitos de corrupción en el caso Lava Jato–
pagó $131 millones como sanción; CorpBanca, controlada por ese
entonces por el empresario Álvaro Saieh, hizo lo propio al pagar
$3,7 millones de multa; Ripley Corp S.A., cuyo gerente general es
Lázaro Calderón, pagó $15 millones en multas.
La lista
la completan Asesorías IMBC Limitada –de un exadministrador
electoral de Ena von Baer–; CAP S.A.; Watt's; Desarrollo y
servicios Melipilla, de la familia Ariztía; y AMC Consultores, de
propiedad del actual ministro de Obras Públicas, Alfredo Moreno.
Cuatro
personas naturales también integran este listado: Doménico Descalzi
(ligado a Alejandro Sule del PR, caso sobre el cual el tribunal se
declaró incompetente), Liliana Jiménez, Gabriela Aguirre y Carlos
Muñoz (los tres relacionados con Marco Enríquez Ominami).
Fueron
cinco los tribunales tributarios que revisaron los casos que
Impuestos Internos denunció. Solo uno de ellos se emplaza fuera de
la Región Metropolitana, en Talca, donde se sentenció la multa de
Forestal Arauco ($392 millones), también del grupo Angelini. En los
fallos del 4° Tribunal Metropolitano, no se detalló quiénes fueron
los emisores de boletas o facturas.
En la
mayoría de los casos, los representantes de las sociedades
denunciadas no opusieron resistencia a la sentencia pecuniaria
impuesta, y los tribunales calcularon multas desde 100% a 400% sobre
los impuestos evadidos.
Gerentes
y representantes legales de las compañías debieron también prestar
declaraciones ante el SII, testimonios en los que se hizo común
decir que, tras tomar conocimiento del llamado del SII, cada empresa
realizó revisiones internas, de las cuales aparecieron gastos no
procedentes.
Algunos
políticos también entregaron en estas causas sus versiones. Mario
Desbordes, por ejemplo –entonces secretario general de RN–, llevó
informes de respaldo de una empresa ligada al partido, Asesoría
Técnica S.A. (Asetec), la que había facturado $126 millones a
Petróleos Copec S.A. El tribunal, sin embargo, desestimó dicha
documentación por considerarla insuficiente para acreditar que
hubiera habido servicios prestados.
Moreno sin sanción
El 4°
Tribunal Tributario de Santiago consideró que la boleta por $3
millones emitida por una asesora del entonces diputado Iván Moreira,
Andrea Schultz, y pagada por la empresa AMC Consultores, del actual
ministro de MOP, Alfredo Moreno, no fue “falsa, fingida o
simulada”.
En su
punto número 13, el tribunal expuso: “Que a partir de la prueba
analizada y los hechos establecidos, esta magistratura no ha logrado
adquirir la convicción de que la única boleta de honorarios
cuestionada, por la cantidad de $3.000.000, sea ideológicamente
falsa, es decir, fingida, simulada o no ajustada a la verdad de los
hechos que consigna”. Luego sentenció: “Conforme a lo expuesto,
se debe rechazar la acusación contenida en el Acta de Denuncia”.
Las explicaciones de Desbordes que el tribunal desestimó
Mario
Desbordes, quien prestó declaración como representante legal de la
empresa ligada a RN, Asesoría Técnica (Asetec), no pudo convencer
al SII de que los informes que presentó como respaldo a 71 facturas
emitidas desde Asetec a Petróleos de Chile Copec S.A. (por
$126.735.000), sirvieran para acreditar que los servicios fueron
prestados.
De
acuerdo a registros de la época, Asetec –representada legalmente
también por el hoy ministro de Vivienda Cristián Monckeberg y el
actual secretario general de RN, Felipe Cisternas– pagaba asesorías
a distintas figuras de la colectividad. “Las materias tratadas en
dichos informes no guardan relación con la renta de la compañía”,
fue lo que sentenció el tribunal.
Copec
pagó una multa de $578 millones por recibir facturas y boletas de
esta y otras empresas ligadas a políticos.
OAS Chile
Una
arista de las imputaciones a la constructora OAS S.A. fue a dar a los
tribunales tributarios administrativos. Se trata de cinco facturas,
por un total de $154 millones, que la sociedad brasileña pagó a una
empresa de Cristián Warner, exjefe de campaña de ME-O.
La
constructora desconoció la utilidad de la asesoría y Warner declaró
que los respaldos de esas asesorías se habían “extraviado”. OAS
debió pagar al fisco chileno la cantidad de $131.198.682.
El ministro Jobet y la boleta ideológicamente falsa
El actual
ministro de Energía, Juan Carlos Jobet, representaba legalmente a la
empresa que poseía en conjunto con su señora, Luz María Díaz de
Valdés, Asesorías e Inversiones El Arrayán Limitada, cuando fue
denunciada por el SII ante el Tercer Tribunal Tributario el 4 de
abril de 2017. El SII acusó que la firma había facilitado dos
facturas por un total de $47 millones a Inversiones Caburga S.A., del
Grupo Said. Pero Jobet señaló en la causa que sí había servicios
prestados.
En el
fallo se resume así: “Declaración jurada prestada por don Juan
Carlos Jobet Eluchans en representación de Asesorías e Inversiones
El Arrayan Ltda., quien manifestó que los servicios prestados se
refieren a asesorías relacionadas a presentar oportunidades de
mercados a Inversiones Caburga Ltda, análisis de políticas públicas
y sus implicancias en el mercado”. Dijo que estas se materializaron
en reuniones, “no emitiendo ningún informe por sus servicios”.
El
tribunal estimó que la documentación aportada por la empresa era
insuficiente “para acreditar la efectiva prestación de los
servicios”. El abogado de Caburga, además, informó al SII que
esas facturas corresponden a gastos que estimaron que no cumplían
con los requisitos necesarios para ser considerados como aceptados y
necesarios para producir la renta de la sociedad.
Paulmann, Saieh y Calderón
Cencosud
fue sancionado con una multa de $27 millones. Pagó facturas a una
empresa ligada al estrecho asesor de ME-O, Cristián Warner, por $48
millones. En representación del retail,
declaró bajo juramento Jaime Solar Bottinelli, entonces gerente
general del Grupo Cencosud: “Al no encontrar respaldos –dijo–
que acrediten dichos servicios en Cencosud, decidimos con el fiscal
don Carlos Mechetti y el presidente de la compañía don Horst
Paulmann, rectificar frente al Servicio”.
El banco
por entonces controlado por Álvaro Saieh, CorpBanca S.A., pagó
boletas a Cristina Zúñiga Paredes E.I.R.L., asesora de políticos
que, en esta arista, se vincula a pagos para la campaña de Pablo
Zalaquett. El abogado de la empresa solicitó a los tribunales que se
aplicara la sanción mínima. Se multó en $3.798.202.
La
rectificación de boletas y facturas que realizó Ripley Corp S.A.
fue una de las más polémicas, dado que había un proveedor de la
campaña de la entonces Presidenta Michelle Bachelet: la empresa
Asesorías Credo Ltda., del publicista Diego Perry, hijastro de un
estrecho asesor de la otrora Mandataria, Juan Carvajal.
Se decía
entonces en pasillos judiciales que, a partir de la aparición de
esta empresa, se activó el fin de las querellas. Ripley pagó
aportes a campañas de Pablo Zalaquett, Laurence Golborne y rectificó
una asesoría de Andrés Velasco. Sin embargo, Ripley solamente fue
juzgada en el Segundo Tribunal Metropolitano por los pagos ligados a
Golborne. La compañía de retail
fue multada con solo $16 millones, solemente por haber aportado $20
milllones al excandidato UDI.
