DECLARACIÓN DE LA COMISIÓN ÉTICA
CONTRA LA TORTURA
SOBRE CONDUCTA DE GOBIERNO CHILENO
Declaración de la Comisión Ética
contra la Tortura, en relación al Mecanismo Nacional de Prevención del crimen
de tortura, cuya existencia implicaría constituirse en cárceles y comisarías y
en todo lugar donde se sospeche que se aplica torturas a personas en condición
de reclusión, detención o internamiento.
La Asociación para la Prevención
de la Tortura (APT) se encuentra en nuestro país colaborando a la instalación
del mecanismo de prevención en el Instituto Nacional de Derechos Humanos, sin
considerar la opinión de la sociedad civil que ya antes se pronunció en contra
de esta orientación dado que Prevenir la tortura de acuerdo al Protocolo
Facultativo de la Convención Internacional implica el cumplimiento de
exigencias que el Estado de Chile no ha tenido la voluntad política de llevar a
cabo, razón por la que ha postergado la creación del Mecanismo de Prevención
desde el año 2010 a la fecha.
Lamentamos que ayer la APT no
haya asistido a la reunión a la que convocó a escasas organizaciones de la
sociedad civil para discutir sobre la instalación del MNPT en el INDH de Chile.
Lamentamos que no haya convocado
al máximo de organizaciones a dicha reunión.
Finalmente, lamentamos que la APT
no haya dado explicación alguna, de manera formal sobre la suspensión de la
reunión, hecho que supimos porque una organización les llamó cuando pasó media
hora de la única hora que dijeron que tenían para reunirse con las
organizaciones de derechos humanos.
Juana Aguilera Jaramillo
Presidenta
Comisión Ética Contra la Tortura
Santiago, mayo de 2017.
CHILE SIN
MECANISMO NACIONAL DE PREVENCIÓN DE LA TORTURA
La prevención de la tortura en Chile no
funciona, porque el Estado de Chile no ha cumplido con su compromiso
internacional de implementar el Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura
(MNPT), independiente y con participación de la sociedad civil, pese a la
insistencia de los organismos internacionales y la permanente denuncia de las
organizaciones de la sociedad civil de Chile.
En los Informes de Derechos Humanos
2015 y 2016, la Comisión Ética Contra la Tortura (CECT) señaló el atraso de
Chile para establecer el Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura y
solicitó con urgencia implementarlo al más breve plazo.
Desde el año 2009, tres gobiernos
sucesivos, aparecen como responsables del incumplimiento de la Convención
contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes,
ratificado por Chile en 1988 y del Protocolo Facultativo a dicha Convención,
promulgado a través del Decreto Supremo 340 el 14 de febrero del 2009.
El Subcomité para la Prevención de la
Tortura (SPT) de Naciones Unidas visitó Chile del 4 al 13 de abril 2016, con el
objetivo de evaluar el trato que reciben las personas privadas de libertad, así
como las garantías para su protección contra la tortura y otros tratos o penas
crueles, inhumanos o degradantes.
Del informe evacuado en esa visita
trasciende que Chile tiene un atraso sustancial, de 6 años, en la
implementación del Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura. La
delegación visitó cárceles, comisarías, instituciones psiquiátricas y centros
de detención para menores, comunidades mapuche, entre otros lugares. Los
expertos del SPT sostuvieron reuniones con las autoridades chilenas y
representantes de la sociedad civil, en las que participó la CECT.
Según se informó, otro de los objetivos
de la visita fue proporcionar asesoría y asistencia a las autoridades chilenas
para el pleno cumplimiento de sus obligaciones internacionales, en especial el
establecimiento de un mecanismo nacional independiente con capacidad plena para
supervisar los lugares de detención.
En el año 2010, justo al límite del
plazo para la creación del Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura, el
gobierno de Sebastián Piñera designó al Instituto Nacional de Derechos Humanos
(INDH), el cual no cuenta con las facultades necesarias para cumplir con las
exigencias que tiene el Protocolo Facultativo de la Convención Internacional
contra la Tortura. El artículo 17° del citado Protocolo establece que cada
Estado Parte mantendrá, designará o establecerá un órgano de este tipo,
conocido como mecanismo nacional de prevención, a más tardar un año después de
su ratificación, con la posibilidad de aplazarlo por un máximo de tres años. Su
objetivo es prevenir prácticas de vejámenes y proteger a las personas privadas
de libertad que pudieran sufrir torturas y otros tratos o penas crueles,
inhumanas o degradantes. En el caso de
Chile ese mecanismo debió entrar en vigencia en febrero de 2012 como plazo
máximo.
También, el artículo 18° de dicho
Protocolo Facultativo pide a los Estados garantizar la independencia funcional
del MNPT. Vale decir, tanto en el proceso de designación como de
establecimiento del MNPT, se deben cumplir con los requisitos del mencionado
Protocolo Facultativo y con los Principios de París, aprobados por la Asamblea
General de las Naciones Unidas en 1993,que enmarcan y guían el trabajo de las
instituciones nacionales de protección y promoción de los Derechos Humanos, así
como con las Directrices relativas a los Mecanismos Nacionales de Prevención
elaboradas por el sistema de protección de la tortura, que exigen, en
particular, el rango constitucional y legal, independencia y autonomía
funcional y financiera de estos órganos, y especialmente la participación de la
sociedad civil. Los funcionarios ONU reiteraron que “Contar con un ente capaz
de llevar a cabo este tipo de trabajo es un elemento fundamental para la
prevención de la tortura y los malos tratos”.
El Subcomité tiene mandato para visitar
a todos los Estados que son parte del Protocolo Facultativo y para realizar
visitas no anunciadas a lugares de detención. Para el SPT, cuyos principios
rectores son la cooperación y la confidencialidad, la clave para prevenir la
tortura y los malos tratos radica en el establecimiento de relaciones
constructivas con el Estado concernido.
Hay que decir que el gobierno chileno,
a través de Ministerio de Justicia, emitió un documento, fechado al 3 de junio
de 2015, denominado Agenda Legislativa en Materia de Derechos Humanos del
Ministerio de Justicia. Allí se anunciaba la creación de una Subsecretaría de
Derechos Humanos e informaba públicamente que la agenda legislativa incluía la
elaboración de un Anteproyecto de Ley donde designa al Instituto Nacional de
Derechos Humanos como Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura. Es decir,
por segunda vez, los gobiernos anuncian la creación del Mecanismo y por segunda
vez, radican en el INDH su funcionamiento, pero sin facultades legales y
claramente fuera de los criterios de independencia, constitucionalidad,
autonomía funcional y financiera, y de participación de la sociedad civil como
establece el Protocolo Facultativo ratificado por Chile. El 11 de septiembre
del 2016 fue designada como Subsecretaria de Derechos Humanos en la cartera de
Justicia la abogada Lorena Fríes, quien hasta julio del 2016 fue Directora del
INDH.
Lamentablemente, el 5 de abril de 2017,
en el marco de un seminario regional contra la tortura, organizado por los
ministerios de Relaciones Exteriores y de Justicia de Chile, la Presidenta
Michelle Bachelet anunció el envío del Proyecto de Ley que designa al Instituto
Nacional de Derechos Humanos como el Mecanismo Nacional de Prevención de la
Tortura, persistiendo nuevamente en el incumplimiento de los requisitos, sin
consideración de la participación de las organizaciones de la sociedad civil y
peor aún, colocando dicho proyecto de ley en terreno infértil para su
aprobación, dados los tiempos legislativos en un año de término de gobierno. Es
decir, nuevamente el Estado de Chile hace “fintas” de su nula voluntad de
terminar con el flagelo de la tortura y las Medidas de NO Repetición para los
crímenes de lesa humanidad vuelven a “fojas cero”.
POR UN MECANISMO
NACIONAL DE PREVENCIÓN DE LA TORTURA, AHORA,
INDEPENDIENTE Y
CON PARTICIPACIÓN DE LA SOCIEDAD CIVIL
COMISIÓN ÉTICA
CONTRA LA TORTURA
Santiago, mayo
de 2017.
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