EDUARDO NOVOA MONREAL (1916 - 2006): agosto 2013

ABOGADOS INTEGRANTES DE CORTES Y DERECHOS HUMANOS.

EL INFORME DE LA COMISIÓN DE VERDAD Y RECONCILIACIÓN Y LOS ABOGADOS INTEGRANTES DE CORTES DE APELACIONES Y CORTE SUPREMA.
En 1991, Patricio Aylwin recibió de la denominada Comisión Verdad y Reconciliación, su Informe,
conocido con el apellido de su presidente, Raúl Rettig. Por fin parecían concretarse expectativas de justicia, después de tantos años de arbitrariedad estatal, y desconocimiento oficial de la dignidad, integridad e incluso la vida de muchas personas, aun fuera de Chile.

El señalado Informe planteó un nutrido y fundado elenco de medidas legales de índole penal y procesal, destinadas a tutelar a la persona en sus ámbitos más preciados, teniendo muy presente el drama colectivo iniciado en 1973, y la estructura normativa y cultural que lo facilitó.

De los variados y valiosos requerimientos, justificados no en sutilezas sino en una estructura jurídica que facilitó el asesinato y el sufrimiento de miles de chilenos, planteó acciones concretas a fin de establecer castigo real para la aplicación de tormentos, ejecutada por funcionarios públicos; igualmente, propuso la criminalización del desaparecimiento forzado de personas, y elevar la figura de coacción, de mera falta a delito.

REQUERIMIENTOS PARA MODIFICAR LA COMPOSICIÓN DE ÓRGANOS JUZGADORES.
Asimismo, formuló planteamientos que atañen a la estructura y funciones del aparato judicial, buscando acercar una composición idónea para una labor jurisdiccional democrática (esto es, con personas que “…pueden cumplir mejor las labores jurisdiccionales”).
De ellos, destaca su posición sobre los llamados abogados integrantes de Cortes de Apelaciones y Corte Suprema, que, sin ser ministros ni jueces, ni integrar la estructura judicial, ejercen jurisdicción, participan, remuneradamente, de la labor sentenciadora.
En variados artículos el Código orgánico de tribunales, COT, se refiere a ellos. Su artículo 219, aún les estructura en base a ternas confeccionadas por el propio aparato, de las cuales selecciona el Presidente de la República.
Recordemos el inciso 1º del citado precepto:
“Para los efectos de lo dispuesto en los artículos 215 y 217 de este Código, el Presidente de la República designará doce abogados para la Corte Suprema; quince para la Corte de Apelaciones de Santiago; nueve para las Cortes de Apelaciones de Valparaíso, San Miguel y Concepción; cinco para las Cortes de Apelaciones de Arica, Antofagasta, La Serena, Rancagua, Talca, Temuco y Valdivia; y tres para cada una de las demás Cortes, previa formación por la Corte Suprema, de las respectivas ternas”.
Pues, hace ya más de veinte años, el mencionado Informe de la Comisión Nacional de Verdad y Reconciliación formuló valiosas sugerencias sobre el tema. Rubricándole como “Medidas tendientes a asegurar la independencia e mparcialidad de la Judicatura”, le abordó (volumen 1, tomo II, Santiago, 1991, pág. 1.276):

“a.5)
En cuanto a la integración de las Cortes.
Estudiar la posibilidad de reemplazar la actual institución de los abogados integrantes por un aumento en el número de
Ministros de las Cortes superiores de Justicia.
Se estima que el hecho de que la designación de los abogados integrantes sea resorte exclusivo del Presidente de la
República, que sean temporales en sus cargos y que les esté permitido el ejercicio paralelo de la profesión, puede afectar la necesaria independencia e imparcialidad que el desempeño de tan delicada e importante misión, como es el ejercicio de la jurisdicción, requiere.
Se aconseja, por lo tanto, revisar la conveniencia de mantener esta institución, sobre todo si se acoge la idea de aumentar el número de magistrados a que se refiere el párrafo siguiente.

a.6)
En cuanto al número de magistrados.
Aumentar el número de jueces, como asimismo de ministros y fiscales en los tribunales superiores de justicia.
El recargo ostensible de trabajo de los tribunales superiores de Justicia hace indispensable considerar como medida urgente el aumento de la cantidad de ministros y fiscales en estos tribunales.
Esta medida facilitaría la revisión propuesta en el numerando anterior al permitir reemplazar a los abogados integrantes por miembros permanentes que se estima pueden cumplir mejor las funciones jurisdiccionales”.
……

Fuerzas Armadas en Chile y gran empresariado.

La imagen -de hace unos años- no es un montaje. Muestra a millonarios empresarios chilenos recibiendo grado militar después de un curso "express", de pocas semanas, especialmente diseñado en el Ejército, Armada y Fuerza Aérea, para la élite empresarial chilena y sus colaboradores.

Anualmente, grandes empresarios y sus cercanos reciben grados de oficiales de reserva, con poderes no sólo simbólicos: son operables sobre suboficialidad y base, e incluso sobre la población civil en tiempo de “conflicto” interior.

¿Acaso puede un modesto suboficial de carrera, ya jubilado, haciendo un “curso” de 100 días, lograr el grado de Teniente?

Nexos y trato privilegiado que implican un problema esencial, y de trascendencia constitucional, pero hasta ahora no abordado.

Imposible lograr Democracia bajo tal desajuste.

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El Tribunal Constitucional en Chile.

El caso del Tribunal Constitucional es arista visible del dominio, o alta influencia, que sobre aparatos u órganos del Estado (no sólo ese) ejerce un sector social específico, el pudiente, el del gran empresariado.

Un comportamiento distinto (e interpretaciones distintas) les sancionaría dentro del círculo que allí les ha llevado, o en que han crecido y se desenvuelven. O que pasaron a integrar una vez situados económica y laboralmente.

Estos factores, de acomodo personal y de complacencia a tales grupos y entorno de vida, poseen influencia mayor.

Ripert anotó hace muchos años: "Cuando menos los juristas son los defensores del orden establecido, no solamente por deber, sino también por convicción de la belleza de este orden. Por la clase social a la que pertenecen, por su educación, por su lugar en una jerarquía, son, en su mayoría, cualesquiera que sean sus opiniones políticas, conservadores y aun admiradores de lo que existe. Tienen la tradición de los legistas encargados de fortificar las órdenes de la autoridad real con una argumentación doctrinal.La ley es para ellos la expresión de la soberanía nacional y no pueden admirarse de que lo que complace al pueblo llegue a ser ley, puesto que sus antecesores declaraban que toda voluntad del príncipe tiene fuerza de ley...”.

Chile hoy: maltrato y abuso institucionalizado.

La cabeza de Carabineros es el Gobierno, el cual diseña y orienta su formación, y manda y controla su actividad (Presidencia de la República, Ministerio del Interior, Intendencias y Gobernaciones): “Carabineros de Chile es una Institución policial técnica y de carácter militar, que integra la fuerza pública […]; su finalidad es garantizar y mantener el orden público y la seguridad pública interior […]. Dependerá directamente del Ministerio del Interior y Seguridad Pública [...] se relacionará con los Ministerios, Intendencias, Gobernaciones y demás autoridades Regionales, Provinciales o Comunales, por intermedio de la Dirección General, Altas Reparticiones, Reparticiones y Unidades […].”. (ley 18.961, Orgánica Constitucional de Carabineros, art. 1).

CHILE. SOBRE PROYECTO CONSTITUCIONAL DE EXTREMA DERECHA. INVITACIÓN.

El proyecto constitucional que la extrema derecha chilena ha elaborado, y que en versión tendenciosa y falaz promueve fragmentadamente en redes sociales bajo financiamiento empresarial, en verdad retrotrae o envía el condicionamiento jurídico de las relaciones sociales hacia un régimen totalizante. Que amaña groseramente la normativa jerárquica para favorecer a unos pocos, acentuando facilidades para la explotación y la desigualdad. Lo hace frente a un Gobierno que ha desvirtuado el anhelo ciudadano de cambio real y, respecto del cual, primando el acomodo de personas y grupos, y el continuismo de una política económica neoliberal y segregadora, poco o nada puede esperarse. Que no posea plena mayoría en el Órgano Legislativo no le ha privado de los instrumentos ministeriales y de potestad reglamentaria; sin embargo, cuando les ha operado (designaciones y medidas), ha sido, medularmente, para alimentar continuismo. Una de sus consecuencias ha sido defraudar al sector trabajador (dependiente e independiente), enviándole a los brazos de la seducción reaccionaria. Proyecto que, entendemos, procede sea rechazado por la ciudadanía. Ello no implica legitimar el imperante texto generado en dictadura, sino proyectar su crítica, nutriendo e interactuando con la desatendida base comunitaria. Es un necesario pendiente, social, político y jurídico. Invitamos a todo ciudadano y ciudadana a votar, en diciembre, en contra del referido engendro legiferante, engañoso, segregador y vulnerante de la dignidad personal.

Eduardo NOVOA MONREAL. Un escamoteo de los juristas: el concepto de propiedad.

“El concepto de propiedad trasciende ampliamente el campo del derecho, pues se trasforma en un elemento irreductible del sistema económico que rige en una sociedad concreta y en la variable más esencial de su régimen social. Con ello aparecen manifiestas sus vinculaciones con el proyecto político que recibe acogida en esa sociedad y se hacen evidentes, por otra parte, sus implicaciones filosóficas y éticas. ‘Difícilmente podría encontrarse, por ello, una categoría jurídica de mayor resonancia social y más definitoria de la forma que asume la organización social de un país, que la propiedad…".

Pulse para abrir “Un escamoteo de los juristas: el concepto de propiedad.”.

Consignas y demagogía.

CONSIGNAS DE PROMOCIÓN ELECTORAL-CONSTITUYENTE Y ESTRUCTURA DE PODER IMPERANTE EN CHILE.

Por refinadas que suenen, cuestionables resultan las promesas academicistas, pretendidamente neutras e independientes, de laborar una nueva Constitución “trabajando para todos” o “dando satisfacción a todos”, si se cotejan o confrontan con la realidad imperante en una sociedad dividida en sectores, privilegios y privilegiados, estrechamente vinculados a la imperante política económica que tiñe esferas normativas y sociales; en tal realidad, “trabajar para todos” o “satisfacer a todos” inevitablemente significa complacer a quienes pueden hacerse oír, al sector en el poder y con el poder económico, y que usufructa de él.

¿Se puede, acaso, “trabajar también para ellos”, satisfacerles o complacerles, restándoles los privilegios normativos de alta jerarquía (envueltos en aparente igualdad formal) que tutelan su predominio económico, y que sostienen su existencia?

La seductora consigna de “trabajar para todos” encubre el hecho -determinante- de que unos -y no otros- poseen los medios para hacerse notar y sentir; y es garantía al poder económico de que sus intereses no serán alterados.

FORZADOS A VENDER LA PROPIA VIDA

Eduardo Novoa Monreal también atendió la índole del nexo generado por y en el trabajo dependiente. Justicia de clase envuelve -entre otros estudios- casos extraídos de tal ámbito de relaciones.

Es tema esencial que ya en jerarquía constitucional se asienten bases jurídicas que reconozcan y aseguren al trabajador como fin en sí, no permitiendo regulaciones laborales de nivel legal o reglamentario que toleren sea rebajado a mero utensilio para el lucro ajeno, tal como los brazos políticos legiferantes del neoliberalismo lo han practicado por décadas en Chile.

“Es de esperar que el Derecho del Trabajo profundice en el futuro una materia que ha sido planteada hasta ahora en plano más bien filosófico. La cuestión consiste en si es posible a un hombre vender su trabajo, algo que es parte de su vida misma y que importa un tan profundo compromiso personal que podría estimarse que entra en el derecho de personalidad. A ello se suma que no hay realmente una equivalencia posible entre trabajo humano y dinero. Si a lo anterior se agrega que el contrato de trabajo afecta la vida entera del trabajador y lo coloca en una situación de subordinación ante otro hombre, podría pensarse que en el fondo no es sino una forma atenuada de esclavitud que el hábito nos hace aceptar sin mayor reflexión, pero que en un futuro podría ser rechazada como una forma social sobrepasada”.

(En El derecho como obstáculo al cambio social, 10ª ed., Siglo XXI, México, 1991, p. 155).

CHILE CONSTITUYENTE. CONCEPTUALISMO EN EL DISCURSO

CONCEPTUALISMO JURÍDICO EN DISCURSO ELECTORAL-CONSTITUYENTE.

En el discurso de promoción electoral -y en el muy cercano debate constituyente- se divisa el tinte conceptualista, al cual le han tornado en apoyo ideológico-jurídico para conservar relaciones de poder, mutando su apariencia legal según convenga en cada período histórico; que amputa la dogmática e invoca neutralidad pero cuyo producto (convertido en orientaciones e instrucciones al jurista, al académico y al político normador) beneficia y asegura al sector dominante. Y que, no obstante, cuando se trata de atender los intereses de dicho segmento y del específico sistema económico que le beneficia, allí su preocupación intelectual sí considera, sí tiene en cuenta realidad y factores de hecho: ilustrativas son las confesiones insertas en la exposición de motivos del Código procesal penal (ley 19.696, de 2000), que reconocen nexos entre normativa procesal y una determinada política económica; ello, sin mencionar la concreta regulación que dicho cuerpo procedimental alberga, favoreciendo -acercando su impunidad- a los poseedores de dinero (“salidas alternativas”).

Tanto NOVOA MONREAL como MANUEL DE RIVACOBA le observaron... Pulse aquí para abrir estudio de Eduardo NOVOA MONREAL

Santiago de Chile, 1° de mayo de 2019.

Policía militarizada interrumpe acto de conmemoración del día de los trabajadores/as convocado por la Central de Trabajadores no vinculada a los intereses político-empresariales. Represión brutal, ejercida por el poder político que controla al poder policial. Conducta gubernamental violatoria de derechos esenciales como el de reunión y la libertad de expresión, práctica oficial encubierta por la prensa dominante, escrita y de televisión, y los periodistas a su servicio. Quebrar el acto, agredir asistentes, violentar derechos, provocar… Pulse sobre imagen.

Eduardo NOVOA MONREAL: JUSTICIA DE CLASE.