Poco
se habla del sabotaje económico, político y de orden público que desde el mismo
4 de septiembre de 1970, los sectores tradicionalmente beneficiados
implementaron para derribar al gobierno de la Unidad Popular, que incluyó los
asesinatos –impunes- tanto del comandante en jefe del ejército, general René
Schneider, en octubre de ese año, y el del capitán de la Armada, Arturo Araya,
edecán de Salvador Allende, en julio de 1973. Los homicidios del general Prats y de su
cónyuge se perpetrarían un año después.
Menos aun se habla del sabotaje
ideológico-jurídico, que se alentaba desde Facultades de Derecho, y se
concretaba mediante aparatos del Estado.
El objetivo era derrocarle a como diere lugar.
No dejaron de manipular la doctrina
jurídica, adecuando interpretaciones y enfoques según les conviniera en cada
circunstancia.
Durante dicho gobierno, a Eduardo Novoa le
imputaron localizar e impulsar la aplicación de preceptos albergados en decretos leyes; como su contenido
normativo no les convenía, le restaron valor a aquéllos.
Sin embargo, ya instalada la dictadura, sus
anteriores impugnadores fueron empleados por ella para confeccionar sus
llamadas “actas constitucionales”.
Luego, en el denominado consejo de estado, preparando el decreto ley 3.464, de 11 de agosto
de 1980, mediante el cual los jefes de la Armada y la Fuerza Aérea, el autodesignado
general director de Carabineros y el delegado de Pinochet, “aprueban” una constitución, “ratificada” mediante un plebiscito
efectuado sin registros electorales y bajo estado de emergencia (en verdad, con
poderes propios del estado de sitio).
Dando vuelta su propia tesis, que alentaron
entre 1970 y el 11 de septiembre de 1973, a partir del mismo golpe de estado exhibieron
gran tesón en inculcar en el estudiantado de Derecho, de las facultades
entonces existentes, que tales productos (decretos leyes, de la dictadura), tenían
no sólo la misma fuerza coercitiva y eficacia (que por cierto que las tenían: les
hacían obedecer a sangre y fuego), sino incluso el mismo valor que las leyes propiamente tales.
Denominadas “jornadas de derecho público” se
utilizaron como base para asentar y expandir la posición. En las imágenes, páginas
de una cartilla instructiva para alumnos de derecho (lectura obligatoria), de
la entonces sede Valparaíso de la Universidad de Chile, que reproduce una
ponencia inserta en la VII de tales jornadas, ejecutada en la escuela de
derecho de la Universidad Católica de Valparaíso, entre los días 15 y 17 de
julio de 1976.
Se reviste de calidad constituyente y legisladora a una dictadura y, basándose en dicha hipotética calidad –que el mismo autor implementa- se
arma un curioso razonamiento para barnizar de legalidad a su producto
legiferante.
Eran los métodos y los contenidos de
las clases de “derecho constitucional” (no ponemos mayúsculas),
en las universidades chilenas.
