DECLARACIÓN DE LA COMISIÓN ÉTICA CONTRA LA TORTURA SOBRE CONDUCTA DE GOBIERNO CHILENO




DECLARACIÓN DE LA COMISIÓN ÉTICA CONTRA LA TORTURA 
SOBRE CONDUCTA DE GOBIERNO CHILENO

Declaración de la Comisión Ética contra la Tortura, en relación al Mecanismo Nacional de Prevención del crimen de tortura, cuya existencia implicaría constituirse en cárceles y comisarías y en todo lugar donde se sospeche que se aplica torturas a personas en condición de reclusión, detención o internamiento.

La Asociación para la Prevención de la Tortura (APT) se encuentra en nuestro país colaborando a la instalación del mecanismo de prevención en el Instituto Nacional de Derechos Humanos, sin considerar la opinión de la sociedad civil que ya antes se pronunció en contra de esta orientación dado que Prevenir la tortura de acuerdo al Protocolo Facultativo de la Convención Internacional implica el cumplimiento de exigencias que el Estado de Chile no ha tenido la voluntad política de llevar a cabo, razón por la que ha postergado la creación del Mecanismo de Prevención desde el año 2010 a la fecha.

Lamentamos que ayer la APT no haya asistido a la reunión a la que convocó a escasas organizaciones de la sociedad civil para discutir sobre la instalación del MNPT en el INDH de Chile.

Lamentamos que no haya convocado al máximo de organizaciones a dicha  reunión.

Finalmente, lamentamos que la APT no haya dado explicación alguna, de manera formal sobre la suspensión de la reunión, hecho que supimos porque una organización les llamó cuando pasó media hora de la única hora que dijeron que tenían para reunirse con las organizaciones de derechos humanos.

Juana Aguilera Jaramillo
Presidenta
Comisión Ética Contra la Tortura 
Santiago, mayo de 2017.



CHILE SIN MECANISMO NACIONAL DE PREVENCIÓN DE LA TORTURA


La prevención de la tortura en Chile no funciona, porque el Estado de Chile no ha cumplido con su compromiso internacional de implementar el Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura (MNPT), independiente y con participación de la sociedad civil, pese a la insistencia de los organismos internacionales y la permanente denuncia de las organizaciones de la sociedad civil de Chile.

En los Informes de Derechos Humanos 2015 y 2016, la Comisión Ética Contra la Tortura (CECT) señaló el atraso de Chile para establecer el Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura y solicitó con urgencia implementarlo al más breve plazo.

Desde el año 2009, tres gobiernos sucesivos, aparecen como responsables del incumplimiento de la Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes, ratificado por Chile en 1988 y del Protocolo Facultativo a dicha Convención, promulgado a través del Decreto Supremo 340 el 14 de febrero del 2009.

El Subcomité para la Prevención de la Tortura (SPT) de Naciones Unidas visitó Chile del 4 al 13 de abril 2016, con el objetivo de evaluar el trato que reciben las personas privadas de libertad, así como las garantías para su protección contra la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes.

Del informe evacuado en esa visita trasciende que Chile tiene un atraso sustancial, de 6 años, en la implementación del Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura. La delegación visitó cárceles, comisarías, instituciones psiquiátricas y centros de detención para menores, comunidades mapuche, entre otros lugares. Los expertos del SPT sostuvieron reuniones con las autoridades chilenas y representantes de la sociedad civil, en las que participó la CECT.

Según se informó, otro de los objetivos de la visita fue proporcionar asesoría y asistencia a las autoridades chilenas para el pleno cumplimiento de sus obligaciones internacionales, en especial el establecimiento de un mecanismo nacional independiente con capacidad plena para supervisar los lugares de detención.

En el año 2010, justo al límite del plazo para la creación del Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura, el gobierno de Sebastián Piñera designó al Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH), el cual no cuenta con las facultades necesarias para cumplir con las exigencias que tiene el Protocolo Facultativo de la Convención Internacional contra la Tortura. El artículo 17° del citado Protocolo establece que cada Estado Parte mantendrá, designará o establecerá un órgano de este tipo, conocido como mecanismo nacional de prevención, a más tardar un año después de su ratificación, con la posibilidad de aplazarlo por un máximo de tres años. Su objetivo es prevenir prácticas de vejámenes y proteger a las personas privadas de libertad que pudieran sufrir torturas y otros tratos o penas crueles, inhumanas o degradantes. En el caso de Chile ese mecanismo debió entrar en vigencia en febrero de 2012 como plazo máximo.

También, el artículo 18° de dicho Protocolo Facultativo pide a los Estados garantizar la independencia funcional del MNPT. Vale decir, tanto en el proceso de designación como de establecimiento del MNPT, se deben cumplir con los requisitos del mencionado Protocolo Facultativo y con los Principios de París, aprobados por la Asamblea General de las Naciones Unidas en 1993,que enmarcan y guían el trabajo de las instituciones nacionales de protección y promoción de los Derechos Humanos, así como con las Directrices relativas a los Mecanismos Nacionales de Prevención elaboradas por el sistema de protección de la tortura, que exigen, en particular, el rango constitucional y legal, independencia y autonomía funcional y financiera de estos órganos, y especialmente la participación de la sociedad civil. Los funcionarios ONU reiteraron que “Contar con un ente capaz de llevar a cabo este tipo de trabajo es un elemento fundamental para la prevención de la tortura y los malos tratos”.

El Subcomité tiene mandato para visitar a todos los Estados que son parte del Protocolo Facultativo y para realizar visitas no anunciadas a lugares de detención. Para el SPT, cuyos principios rectores son la cooperación y la confidencialidad, la clave para prevenir la tortura y los malos tratos radica en el establecimiento de relaciones constructivas con el Estado concernido.

Hay que decir que el gobierno chileno, a través de Ministerio de Justicia, emitió un documento, fechado al 3 de junio de 2015, denominado Agenda Legislativa en Materia de Derechos Humanos del Ministerio de Justicia. Allí se anunciaba la creación de una Subsecretaría de Derechos Humanos e informaba públicamente que la agenda legislativa incluía la elaboración de un Anteproyecto de Ley donde designa al Instituto Nacional de Derechos Humanos como Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura. Es decir, por segunda vez, los gobiernos anuncian la creación del Mecanismo y por segunda vez, radican en el INDH su funcionamiento, pero sin facultades legales y claramente fuera de los criterios de independencia, constitucionalidad, autonomía funcional y financiera, y de participación de la sociedad civil como establece el Protocolo Facultativo ratificado por Chile. El 11 de septiembre del 2016 fue designada como Subsecretaria de Derechos Humanos en la cartera de Justicia la abogada Lorena Fríes, quien hasta julio del 2016 fue Directora del INDH.

Lamentablemente, el 5 de abril de 2017, en el marco de un seminario regional contra la tortura, organizado por los ministerios de Relaciones Exteriores y de Justicia de Chile, la Presidenta Michelle Bachelet anunció el envío del Proyecto de Ley que designa al Instituto Nacional de Derechos Humanos como el Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura, persistiendo nuevamente en el incumplimiento de los requisitos, sin consideración de la participación de las organizaciones de la sociedad civil y peor aún, colocando dicho proyecto de ley en terreno infértil para su aprobación, dados los tiempos legislativos en un año de término de gobierno. Es decir, nuevamente el Estado de Chile hace “fintas” de su nula voluntad de terminar con el flagelo de la tortura y las Medidas de NO Repetición para los crímenes de lesa humanidad vuelven a “fojas cero”.


POR UN MECANISMO NACIONAL DE PREVENCIÓN DE LA TORTURA, AHORA,
INDEPENDIENTE Y CON PARTICIPACIÓN DE LA SOCIEDAD CIVIL

COMISIÓN ÉTICA CONTRA LA TORTURA
Santiago, mayo de 2017.



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Eduardo NOVOA MONREAL: La batalla por el cobre.







































Eduardo NOVOA MONREAL, jurista brillante, supo desplegar el abanico de posibilidades que el propio ordenamiento jurídico entonces suministraba, para avanzar en el Programa de la Unidad Popular; y fue el mismo NOVOA quien informó de sus limitaciones.  
Actor principal en el proceso de nacionalización del cobre.
Aporte mayor que realizó junto a otros pocos abogados; proyecto truncado por la violencia empresarial y de una cúpula militar golpista.
Ya regresado del obligado exilio, NOVOA constató en carne propia la marginación académica y laboral a que le sometieron los nuevos administradores (la Concertación) del régimen generado por la dictadura.
Persona digna y colaborador leal. Íntegro en el ejercicio de la abogacía, la carrera más teñida por el interés económico, y en la cual se paga un alto precio laboral y profesional –de por vida- cuando no se complace el interés de los poderosos. Cuando se está en el bando contrario.

Michel FOUCAULT: “Gestionar los ilegalismos”. A propósito de Surveiller et punir (1975).

























A 32 años de la partida corporal de FOUCAULT, entrevista con Roger-Pol Droit, realizada en 1975. “Gestionar los ilegalismos”. A propósito de "Surveiller et punir" (1975).

“Al leer a los grandes historiadores de la época clásica, se constata que la monarquía administrativa, tan centralizada y burocratizada como se la imagina, era, sin embargo, un poder irregular y discontinuo, y dejaba a los individuos y a los grupos una cierta libertad para sortear la ley, acomodarse a las costumbres, escaparse de las obligaciones, etcétera. El Antiguo Régimen arrastraba consigo centenares o incluso millares de disposiciones jamás aplicadas, derechos que nadie ejercía y normas eludidas por multitud de personas. Por ejemplo, el fraude fiscal, la más tradicional, y también el contrabando, la más manifiesta, formaban parte de la…”.

Pierre BOURDIEU: Poder, derecho y clases sociales.



“Este libro constituye una ocasión importante para reconstruir algunas de las claves básicas de la sociología de Bourdieu. 
Es parte necesaria de toda una obra dedicada a desvelar lo que el sentido común calla u oculta, a dar razón del orden social que se esconde tras el orden simbólico, a descubrir las diferentes formas de dominación de ese orden (incluida la jurídica). 
Para ello, Bourdieu ha ido elaborando un trabajo científico que, para romper con las premoniciones y los prejuicios de la visión dominante, debe construir sus propios instrumentos de análisis de la realidad social.”.