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MANIPULACIÓN DE LA DOCTRINA JURÍDICA.


Poco se habla del sabotaje económico, político y de orden público que desde el mismo 4 de septiembre de 1970, los sectores tradicionalmente beneficiados implementaron para derribar al gobierno de la Unidad Popular, que incluyó los asesinatos –impunes- tanto del comandante en jefe del ejército, general René Schneider, en octubre de ese año, y el del capitán de la Armada, Arturo Araya, edecán de Salvador Allende, en julio de 1973.  Los homicidios del general Prats y de su cónyuge se perpetrarían un año después.

   Menos aun se habla del sabotaje ideológico-jurídico, que se alentaba desde Facultades de Derecho, y se concretaba mediante aparatos del Estado.

   El objetivo era derrocarle a como diere lugar.

   No dejaron de manipular la doctrina jurídica, adecuando interpretaciones y enfoques según les conviniera en cada circunstancia.

   Durante dicho gobierno, a Eduardo Novoa le imputaron localizar e impulsar la aplicación de preceptos albergados en decretos leyes; como su contenido normativo no les convenía, le restaron valor a aquéllos.

   Sin embargo, ya instalada la dictadura, sus anteriores impugnadores fueron empleados por ella para confeccionar sus llamadas “actas constitucionales”.
   Luego, en el denominado consejo de estado, preparando el decreto ley 3.464, de 11 de agosto de 1980, mediante el cual los jefes de la Armada y la Fuerza Aérea, el autodesignado general director de Carabineros y el delegado de Pinochet, “aprueban” una constitución, “ratificada” mediante un plebiscito efectuado sin registros electorales y bajo estado de emergencia (en verdad, con poderes propios del estado de sitio).

   Dando vuelta su propia tesis, que alentaron entre 1970 y el 11 de septiembre de 1973, a partir del mismo golpe de estado exhibieron gran tesón en inculcar en el estudiantado de Derecho, de las facultades entonces existentes, que tales productos (decretos leyes, de la dictadura), tenían no sólo la misma fuerza coercitiva y eficacia (que por cierto que las tenían: les hacían obedecer a sangre y fuego), sino incluso el mismo valor que las leyes propiamente tales.

  Denominadas “jornadas de derecho público” se utilizaron como base para asentar y expandir la posición. En las imágenes, páginas de una cartilla instructiva para alumnos de derecho (lectura obligatoria), de la entonces sede Valparaíso de la Universidad de Chile, que reproduce una ponencia inserta en la VII de tales jornadas, ejecutada en la escuela de derecho de la Universidad Católica de Valparaíso, entre los días 15 y 17 de julio de 1976.

   Se reviste de calidad constituyente y legisladora a una dictadura y, basándose en dicha hipotética calidad –que el mismo autor implementa- se arma un curioso razonamiento para barnizar de legalidad a su producto legiferante. 

   Eran los métodos y los contenidos de las clases de “derecho constitucional” (no ponemos mayúsculas), en las universidades chilenas.